martes, 5 de abril de 2011

Justicia y desalojos


PEDRO TRUJILLO

Cola trae el desalojo de tierras ocupadas en el Valle del Polochic. Los (y las) habituales han escrito y se han manifestado pública y frenéticamente en pro de un “derecho violado a campesinos indígenas”, hecho que ha trascendido a portavoces internacionales interesados que, como pólvora, propagan noticias “conmovedoras” ¿La verdad?, ni importa ni tiene relevancia, lo esencial es popularizar la falacia.

Se ignora, por ejemplo, que en el país hay muchas tierras ilegalmente ocupadas por personas que las invaden, las parcelan y las venden o alquilan a grupos y comunidades indígenas; la lentitud del sistema judicial permite el resto. Es decir, prolonga la agonía de la ocupación por meses, así cuando se produce el desalojo está olvidado el delito cometido que conlleva la acción judicial y mucho menos se habla del grupo de mafiosos ocupadores y violadores del derecho a la propiedad privada mientras cacarean “su” derecho a la tierra.

El punto esencial del problema es no consentir la comisión de un delito bajo ninguna circunstancia, salvo que justifiquemos el caos. Si se carece de propiedad, de recursos o se padece cualquier comprensible calamidad, no es razón suficiente argumentar ni justificar la invasión de la propiedad ajena. No es defendible esa postura por diversos motivos, pero centrémonos en dos. Uno, porque se hace apología de un delito, lo que también constituye delito; otro, porque no es apropiado hacerlo de no ser capaz de soportar la misma arbitrariedad en posesiones propias. Aquellos (y aquellas) que justifican esas conductas deben pensar en ambos extremos o permitir que entren por la fuerza y se instalen en la sala de sus casas; entonces me solidarizaré con su movimiento. Mientras tanto, deben ser más sensatos (y sensatas) y no olvidar que cualquiera que sea la causa esgrimida nunca está fundamentado escudar o ensalzar el comportamiento delictivo ni utilizarlo como excusa para matraquear sobre la injusticia. Hay que dejar al sistema judicial actuar, pero cuando ordene el desalojo de una invasión ilegal no sean hipócritas y acaten la sentencia en vez de hacer el mayor ruido posible y descalificar actuaciones que únicamente aprueban cuando satisfacen sus intereses. Como curiosidad, la mayoría de esos detractores mediáticos son los que continuamente salen defendiendo y apoyando a la Cicig y “promoviendo” la necesidad de contar con un organismo judicial fuerte e independiente, aunque no de ellos ni de sus presiones y conveniencias, naturalmente. Son doblemoralistas, aspirantes a implementar “su justicia” que para nada coincide con la observancia de un elemental estado de Derecho al que le hacen flaco favor con sus ambiguas actuaciones ¡Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho!, se quejaba Don Quijote, aunque con otro fin que luego derivó en la popular sentencia. Por cierto, tierras tiene la iglesia de sobra para poder echar una manita en todo esto, en lugar de acumular más de las que puede administrar o echar leña al fuego. Una reflexión autocrítica para explorar en la próxima conferencia episcopal.

Lo que persiguen y consiguen esos socialdemócratas de folleto es paralizar lo ejecutado, producto de una legítima orden judicial y, de paso, despertar a osos hibernados como el de los linchamientos —ya más que el pasado año— o a cierto dirigente magisterial, quien lejos de cumplir la sentencia que en su momento le impusieran sigue jodiendo al país y paseando sus reales por las calles, aunque nunca explicó qué le pasó en aquel incidente/accidente: atentado, descuido, alcohol o ambos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco "Prensa Libre", el día martes 05 de abril 2011.